El pasado 18 de junio de 2026, entró en vigencia una nueva normativa que regula las emisiones de olor provenientes del sector pesquero en Chile. Esta medida tiene como objetivo principal mitigar los olores que afectan a las comunidades cercanas a las plantas de procesamiento de pescado, beneficiando así a más de 138 mil personas distribuidas en 11 regiones del país.
La implementación de esta norma es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y el sector pesquero, quienes han trabajado en conjunto para establecer estándares que permitan reducir el impacto de los olores en las comunidades aledañas. Según las autoridades, esta regulación busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, quienes han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por los olores generados por la actividad pesquera.
“Esta normativa es un paso importante hacia la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas por los olores del sector pesquero”, señaló la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
La norma establece límites específicos para las emisiones de olor y obliga a las empresas del sector a implementar tecnologías y prácticas que reduzcan su impacto ambiental. Además, se contempla un sistema de monitoreo y fiscalización para asegurar el cumplimiento de los nuevos estándares.
En el contexto regional, la Región de Aysén, conocida por su rica biodiversidad y su fuerte dependencia del sector pesquero, se verá directamente beneficiada por esta medida. Las autoridades locales han expresado su apoyo a la normativa, destacando su importancia para el desarrollo sostenible de la región.
Con la entrada en vigencia de esta norma, se espera que las empresas pesqueras comiencen a adaptar sus procesos para cumplir con los nuevos requisitos. El Ministerio del Medio Ambiente ha anunciado que proporcionará asistencia técnica y recursos para facilitar esta transición, asegurando que las mejoras se implementen de manera efectiva y oportuna.
En los próximos meses, se llevarán a cabo evaluaciones para medir el impacto de la normativa y realizar ajustes si es necesario. Las comunidades afectadas estarán atentas a los cambios y se espera que esta medida contribuya significativamente a mejorar la calidad de vida en las regiones involucradas.
