El Liceo Bicentenario Altos del Mackay, ubicado en el sector El Claro de Coyhaique, ha sido objeto de una preocupante observación por parte de la Contraloría Regional de Aysén. Según el Informe Final N°183 de 2026, el establecimiento ha estado utilizando una ampliación de aproximadamente 896 metros cuadrados sin contar con el debido permiso de edificación ni recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales.
La infraestructura cuestionada incluye 11 salas de clases, baños, pasillos, una bodega y una sala de geotermia, todos espacios que forman parte de las actividades cotidianas del liceo. Sin embargo, la construcción se encuentra en una zona de restricción (ZR-2) según el Plan Regulador Comunal, donde este tipo de edificaciones no está permitido.
Además, el informe de Contraloría detectó que las instalaciones eléctricas y de gas, relacionadas con la caldera de respaldo del sistema de geotermia, no han sido declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A esto se suma la falta de un sello verde vigente y la ausencia de autorizaciones sanitarias para los sistemas de agua potable y alcantarillado, lo que genera inquietud sobre la seguridad y el cumplimiento normativo del recinto educacional.
Durante la inspección, también se identificaron deficiencias en la infraestructura de la ampliación, como pinturas descascaradas, deterioro en muros y cielos, y filtraciones de agua desde la techumbre.
“Pese a estas irregularidades, el establecimiento obtuvo reconocimiento oficial por parte de la Seremi de Educación de Aysén en los años 2017 y 2022, aun cuando la ampliación observada no contaba con recepción definitiva”, señala el informe.
Ante esta situación, la Contraloría ha ordenado reforzar los mecanismos de control y ha remitido los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que determine eventuales responsabilidades y adopte las medidas fiscalizadoras correspondientes.
Como resultado de la auditoría, se instruyó al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Aysén a continuar con el proceso de regularización de las obras, gestionar las certificaciones pendientes y adoptar medidas preventivas frente a posibles emergencias. Asimismo, deberá informar los resultados de un diagnóstico integral del establecimiento, cuya conclusión está prevista para septiembre de 2026.
La Contraloría también ha emplazado a la Seremi de Educación a fortalecer sus controles y mecanismos de supervisión, con el objetivo de garantizar que todos los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial en la región cumplan efectivamente con las exigencias de infraestructura y seguridad establecidas por la normativa vigente.
Este caso plantea interrogantes sobre los procesos de fiscalización y control aplicados durante los últimos años, especialmente considerando que cientos de estudiantes y funcionarios han utilizado, al menos desde el año 2017, instalaciones que aún no cumplen plenamente con los requisitos legales y técnicos exigidos para su funcionamiento.
