CUANDO UN RUMOR SE INSTALA COMO VERDAD

Lo que comenzó como un comentario terminó en la mesa del Concejo Municipal convertido en una supuesta deuda, en un cuestionamiento al trabajo de una productora local y hasta en una pregunta por eventuales sanciones. Pero cuando una afirmación llega a una instancia pública, también corresponde revisar los antecedentes, el contexto y aquello que efectivamente puede acreditarse.

Por Marcelo Vidal Provoste

Todos sabemos cómo nace un rumor. Alguien comenta algo en una conversación cualquiera. Otro lo escucha y lo repite, agregándole un detalle. Al tercero ya le llega como un hecho consumado, y al cuarto como algo que “todo el mundo sabe”. En ningún punto de ese recorrido alguien se detiene a preguntar si es cierto. El rumor no necesita pruebas para avanzar. Le basta con que alguien lo repita.

Pero hay un momento en que el rumor cambia de categoría: cuando lo pronuncia una autoridad, en una instancia oficial, frente a una cámara que graba y un acta que registra. Ahí deja de ser un comentario de pasillo y adquiere algo que antes no tenía: apariencia de verdad.

Eso fue lo que ocurrió en Lago Verde durante la Sesión Ordinaria N.º 66 del Concejo Municipal.

La concejala Carolina Loncochino tomó la palabra para señalar que había recibido reclamos de personas que trabajaron en las Fiestas Costumbristas 2026. Según relató, a esas personas se les habría “ofrecido una cantidad de plata y después le dieron otra más baja”. Ella misma reconoció que “no son cosas que pasen por nosotros”, pero agregó que, como en la comuna “somos tan pocos”, esas personas podían quedar con “un gusto amargo”.

Hasta ahí, había un reclamo que correspondía escuchar y revisar.

Minutos después, la concejala Elizabeth Soto Maldonado retomó el tema y el relato adquirió otra dimensión. Según sus propias palabras, ella había conversado con personas que consideraba afectadas y sostuvo que la productora no habría tenido “ningún contrato de por medio con las personas que prestaron servicio”, agregando que esa habría sido la razón por la que “no pudieron reclamar de manera formal”.

Luego señaló: “qué lata que nosotros aprobemos recursos para que se vea perjudicada la misma persona de acá de la localidad. Porque este año no van a querer prestar servicio y nosotros también nos vemos afectados”.

Y aquí corresponde detenerse.

Porque una cosa es recibir un reclamo. Otra es afirmar que a alguien se le quedó debiendo dinero. Otra, distinta, es sostener que no existió contrato y que por esa razón no pudo existir un reclamo formal. Y otra más es hablar de eventuales sanciones o de que determinadas personas no volverían a prestar servicios.

Cuando todo eso se expresa en una sesión pública, corresponde que cada afirmación pueda ser revisada.

También corresponde transparentar un antecedente de contexto: la persona a la que la concejala se refiere como afectada es su propia madre. Ese vínculo familiar es un hecho acreditado y debe ser conocido por la comunidad al momento de evaluar el contexto de sus declaraciones.

Esto no significa que una persona pierda el derecho a reclamar por ser familiar de una autoridad. Por supuesto que no. Cualquier proveedor o persona que considere que existe una diferencia tiene derecho a plantearla.

Pero precisamente por tratarse de una intervención realizada por una autoridad en una sesión pública, la comunidad tiene derecho a conocer todos los antecedentes relevantes.

Y hay una pregunta adicional que nace de las propias palabras de la concejala: cuando señala que “este año no van a querer prestar servicio y nosotros también nos vemos afectados”, ¿a quiénes se refiere exactamente cuando habla de “nosotros”? ¿Quiénes son las personas que, según esa afirmación, no volverían a prestar servicios y quiénes serían aquellos que se verían afectados?

No corresponde que nosotros interpretemos sus palabras. Corresponde que sean aclaradas por quien las pronunció.

¿Realmente la ausencia de un contrato escrito significa que no existió un acuerdo?

Este punto merece especial atención porque la concejala sostuvo que no habría existido “ningún contrato de por medio” y vinculó esa circunstancia con la imposibilidad de efectuar un reclamo formal.

Desde el punto de vista jurídico, esa afirmación requiere una precisión.

En Chile, no todos los contratos requieren constar por escrito para existir jurídicamente. El Código Civil establece que las obligaciones pueden nacer del concurso real de las voluntades de dos o más personas y define el contrato como el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Además, su artículo 1443 distingue los contratos reales, solemnes y consensuales, estableciendo que el contrato consensual se perfecciona por el solo consentimiento.

Por eso, la ausencia de un contrato escrito, firmado en un documento independiente, no significa por sí sola que no haya existido un acuerdo ni que no puedan haber nacido obligaciones entre las partes.

Una prestación de servicios puede estar respaldada por distintos antecedentes: comunicaciones, solicitudes, reservas, documentos tributarios, comprobantes de pago, registros de la prestación efectivamente realizada, recepción conforme y otros medios de prueba que resulten pertinentes.

En consecuencia, no corresponde jurídicamente equiparar automáticamente “no existe un contrato escrito” con “no existe contrato” o “no existe obligación”.

La pregunta jurídicamente relevante es otra: ¿qué se acordó?, ¿qué servicio se prestó?, ¿qué obligaciones asumió cada parte?, ¿qué antecedentes permiten acreditar ese acuerdo? y, finalmente, ¿esas obligaciones fueron cumplidas o no?

Por eso, si se pretende sostener públicamente que una persona quedó perjudicada porque “no había contrato”, esa afirmación debe ser analizada con la precisión que corresponde. La falta de un documento escrito no constituye, por sí sola, prueba suficiente de que no existió un acuerdo ni de que una obligación haya quedado impaga.

Los documentos están

Y aquí volvemos a los hechos concretos.

El servicio de trabajo de campo para las jineteadas de las Fiestas Costumbristas se contrató mediante la Orden de Compra N.º 901303-16-AG26. Se ejecutó el sábado 7 y el domingo 8 de febrero en el Campo de Jineteadas Los Tehuelches.

Se trabajó en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, con chipificación y examen preventivo de los caballos, y con alcotest a todo el personal de campo en ambas jornadas. No hubo incidentes ni observaciones.

Y existe un antecedente especialmente relevante: en esa misma sesión, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la unidad municipal responsable de supervisar el servicio, informó que este fue ejecutado, recepcionado conforme, pagado y rendido ante el Gobierno Regional.

Es decir, mientras en la misma mesa se hablaba de un supuesto incumplimiento, existían antecedentes municipales que daban cuenta de la ejecución y recepción conforme del servicio.

Los pagos al personal de campo constan en comprobantes de transferencia bancaria.

Y respecto del servicio de hospedaje y alimentación contratado a una familia local, existe una factura por $1.118.600, monto que fue pagado íntegramente el 2 de marzo de 2026. Al peso.

Eso es lo que consta.

Si existe una afirmación diferente, corresponde que también sea respaldada con antecedentes.

Montos diferentes no significan necesariamente deudas

El reclamo que dio origen a esta discusión habla de personas a las que se les habría pagado menos de lo ofrecido.

Pero quien conoce una cancha de jineteada sabe que no todos cumplen la misma función.

No es lo mismo apadrinar que acarrear pilchas. No es lo mismo ser capataz de campo que palenquero. No es lo mismo manejar potros que ordenar el recinto.

Cada función tiene responsabilidades, riesgos y exigencias diferentes, y por eso puede tener un valor diferente.

Que dos personas reciban montos distintos no demuestra, por sí solo, que a una de ellas se le haya quedado debiendo dinero. Significa, en principio, que realizaron funciones diferentes. Si alguien considera que se le pagó menos de lo acordado, tiene todo el derecho a plantearlo y nuestra puerta está abierta para revisarlo.

Lo que no corresponde es que una diferencia viaje de boca en boca hasta transformarse, en una sesión oficial, en una deuda que nadie ha acreditado documentalmente.

Una empresa con trayectoria

Hay algo que tampoco puede perderse de vista cuando se habla públicamente de una productora que supuestamente “no cumple”.

Marcelo Vidal Producciones E.I.R.L. es una empresa formalmente constituida, con más de dos años trabajando como proveedora del Estado. Cada servicio que prestamos a una institución pública pasa por un proceso reglado: una orden de compra, bases que cumplir, una unidad técnica que supervisa, una recepción conforme, una factura electrónica y, cuando corresponde, una rendición ante el Gobierno Regional.

Pero nuestra experiencia profesional no comenzó hace dos años.

La experiencia detrás de este proyecto supera una década de trabajo en producción de eventos, actividades culturales, desarrollo audiovisual, coordinación de equipos y ejecución de iniciativas en distintos territorios.

Existe una trayectoria previa, conocimiento práctico y experiencia acumulada durante años.

Sabemos lo que significa organizar una actividad, coordinar personas, cumplir horarios, responder ante instituciones, contratar servicios, resolver imprevistos y trabajar con proveedores locales.

Por eso, cuando se cuestiona públicamente el trabajo de una productora, primero corresponde conocer su trayectoria, revisar sus antecedentes y contrastar la información.

En un sistema de contratación pública no debería existir espacio para el “dicen que”.

Si una empresa cumple, queda registrado. Si no cumple, también queda registrado.

Entonces la pregunta es sencilla: ¿dónde está el registro del supuesto incumplimiento?

Porque el registro de nuestro cumplimiento existe.

Lo que está realmente en juego

Este año trabajamos con más de 45 personas de Lago Verde, Villa Amengual y Villa La Tapera. Jóvenes que tuvieron su primera experiencia laboral en un evento. Adultos que sumaron un ingreso en plena temporada. Vecinos que encontraron en estas actividades una oportunidad para trabajar.

Eso es lo que significa que una compra pública pueda ser ejecutada por una empresa de la propia comuna: que parte de esos recursos permanezca aquí.

En el sueldo de un trabajador, en un hospedaje familiar, en un almacén, en los insumos, en los productos de un agricultor y en cada proveedor local que participa.

Por eso no es menor que se hable públicamente de sanciones o de una eventual “consideración” para futuras actividades.

No estamos hablando solamente de una empresa.

Estamos hablando también de las oportunidades que una productora local puede generar para otras personas de la comuna.

Y justamente por eso seguiremos trabajando con nuestra gente.

Seguiremos contratando mano de obra local. Seguiremos trabajando con emprendedores, hospedajes, proveedores y familias de Lago Verde, Villa Amengual y Villa La Tapera.

No pedimos un trato especial por ser locales. Pedimos que se nos mida con la misma vara que a cualquier proveedor: por nuestro trabajo, por nuestros antecedentes y por los documentos que acreditan lo que hacemos.

Fiscalizar sí. Concluir antes de revisar, no.

Quiero ser muy claro en esto: el Concejo Municipal tiene el deber de fiscalizar y lo respeto sin reservas.

Una comuna sana necesita autoridades que pregunten, que pidan cuentas y que vigilen cómo se utilizan los recursos públicos.

Pero fiscalizar tiene un método.

Primero se revisan los documentos. Después se contrastan los antecedentes. Y recién entonces se establecen conclusiones.

Cuando ese orden se invierte, y primero se instala una conclusión para después buscar antecedentes que la respalden, estamos ante un problema.

Una autoridad que interviene en una sesión pública sabe que sus palabras quedan registradas. Sabe que pueden ser escuchadas por toda la comunidad. Y sabe que pueden afectar directamente el nombre y el trabajo de quienes están siendo aludidos.

Por eso consideramos especialmente delicado que se haya hablado de personas a las que supuestamente se les “quedó debiendo dinero”, de productoras que supuestamente “no cumplieron”, de ausencia de contratos y de eventuales sanciones sin que en esa intervención se exhibieran los antecedentes que permitieran sostener esas afirmaciones.

No cuestionamos el derecho de las concejalas a preguntar.

Cuestionamos que se pueda instalar públicamente una duda sobre el cumplimiento de una empresa sin que primero se revisen los antecedentes.

También corresponde una aclaración pública

Por lo mismo, como Marcelo Vidal Producciones E.I.R.L. y Lago Verde Medios, vamos a solicitar formalmente que se revisen los documentos relacionados con esta situación, que se contrasten los antecedentes y que se establezca con claridad qué información dio origen a las afirmaciones realizadas durante la sesión.

Queremos que se revisen los documentos, que se contrasten los antecedentes y que se adopten las consideraciones que correspondan frente a lo ocurrido.

Y así como esas opiniones fueron expresadas públicamente, consideramos razonable y necesario que, una vez revisados los antecedentes, exista también una aclaración pública.

No pedimos privilegios.

Pedimos claridad.

No pedimos que nadie piense como nosotros.

Pedimos que los hechos sean revisados antes de establecer conclusiones.

Y si los antecedentes demuestran que el servicio fue ejecutado, recepcionado conforme, pagado y rendido, como sostenemos y como consta en la documentación disponible, creemos que la comunidad merece conocer también esa realidad de manera pública.

Nuestra puerta está abierta

También queremos decir algo a quienes hayan escuchado estos comentarios y tengan dudas.

Nuestros contactos son públicos. Nuestra empresa está disponible para conversar con cualquier persona que quiera conocer los antecedentes, plantear una inquietud o aclarar una situación relacionada con nuestro trabajo.

Si alguien tiene una duda sobre un pago, un servicio, una contratación o cualquier otra situación vinculada a nuestro trabajo, puede comunicarse directamente con nosotros.

Preferimos una conversación de frente, con los antecedentes sobre la mesa, antes que permitir que una duda siga creciendo a través de comentarios de terceros.

Porque los problemas se pueden conversar. Los errores se pueden revisar. Las diferencias se pueden aclarar.

Lo que no podemos aceptar es que una afirmación sin antecedentes termine transformándose, por repetición, en una verdad pública.

No le guardo rencor a nadie. En comunidades como la nuestra nos seguiremos encontrando en el camino, en la escuela, en el almacén y en la cancha, y así debe ser.

Tampoco vamos a retroceder.

Marcelo Vidal Producciones E.I.R.L. y Lago Verde Medios seguirán trabajando, generando proyectos y postulando a compras ágiles, licitaciones y a cualquier actividad o festival que se desarrolle en nuestra comuna y en la Región de Aysén.

Lo haremos como lo hemos hecho siempre: con profesionalismo, con responsabilidad y con nuestra gente.

Seguiremos creyendo en el trabajo local. Seguiremos intentando que los recursos públicos que llegan a Lago Verde generen oportunidades para los vecinos de Lago Verde.

La sesión del Concejo es pública. Nuestros antecedentes también lo son.

A quien le haya llegado el comentario, le dejo una sola invitación: escuche lo que se dijo, revise lo que consta y saque sus propias conclusiones.

Y a quienes tengan dudas, no se queden con el comentario.

Comuníquense con nosotros.

Nuestra puerta está abierta.

Porque un rumor solo se instala como verdad cuando nadie se detiene a revisarlo.

Marcelo Vidal productor y representante legal de Marcelo Vidal Producciones E.I.R.L., Lago Verde Medios.