El procedimiento realizado en pleno centro de Coyhaique formó parte de un operativo nacional que incluyó 42 órdenes de entrada y registro en nueve regiones, más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales. La investigación indaga una presunta organización dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados, además de lavado de activos y otros delitos asociados.
Coyhaique, 14 de agosto de 2026.— Un amplio despliegue policial sorprendió durante la tarde del jueves a quienes transitaban por el centro de Coyhaique, luego de que personal especializado de Carabineros instalara un perímetro de seguridad en calle Arturo Prat, restringiendo el tránsito vehicular y peatonal en las inmediaciones de calle Freire.
La presencia de un bus policial y de numerosos efectivos del OS7 anticipó un procedimiento de características poco habituales para la capital regional. El objetivo era un inmueble ubicado en Arturo Prat 408, segundo piso, correspondiente a una sede del denominado Dispensario Nacional, organización que se presenta públicamente como una corporación vinculada al cannabis medicinal.
El procedimiento se extendió por aproximadamente dos horas y fue encabezado por funcionarios de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional de Aysén. De acuerdo con los antecedentes conocidos durante la jornada, dos personas fueron detenidas en Coyhaique, en el marco de una investigación de alcance nacional.
La diligencia realizada en Coyhaique no correspondió a una investigación aislada.
El procedimiento formó parte de un megaoperativo simultáneo ejecutado en nueve regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén, que contempló 42 órdenes judiciales de entrada y registro y órdenes de detención contra personas vinculadas a la investigación.
En el despliegue participaron más de 500 funcionarios de Carabineros, principalmente unidades especializadas, además de aproximadamente 20 fiscales adjuntos que se trasladaron a distintos puntos del país para coordinar las diligencias.
La Fiscalía Regional de Aysén quedó a cargo de la investigación luego de que la Fiscalía Nacional asignara la causa a esta región, considerando la naturaleza y complejidad de los antecedentes investigados.
El fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, participó en terreno durante el procedimiento desarrollado en la capital regional.
De acuerdo con los antecedentes entregados en torno a la investigación, el Ministerio Público indaga a una presunta organización criminal que habría utilizado una estructura jurídica y una aparente finalidad terapéutica vinculada al cannabis medicinal como fachada para desarrollar actividades de tráfico de drogas.
La investigación considera delitos contemplados en la Ley N°20.000, entre ellos tráfico ilícito de estupefacientes y cultivo de plantas del género cannabis.
A ello se suman investigaciones por desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Según la hipótesis investigativa, la organización habría utilizado la estructura de los denominados Dispensarios Nacionales para desarrollar una actividad que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría excedido el ámbito de una actividad terapéutica y habría permitido generar importantes ganancias económicas.
Es precisamente este componente económico el que incorpora el delito de lavado de activos a la investigación, ampliando la causa más allá de la eventual comercialización de cannabis.
El establecimiento allanado corresponde a una sede que el propio Dispensario Nacional identifica en su sitio web como ubicada en Arturo Prat 408, segundo piso, Coyhaique. Actualmente, la organización mantiene publicada una red de establecimientos en distintas ciudades del país, entre ellas Antofagasta, Puerto Montt, Temuco, Concepción, Viña del Mar y Coyhaique.
En su presentación institucional, el Dispensario Nacional se define como una corporación sin fines de lucro y señala que trabaja con cannabis de grado medicinal para usuarios de cannabis terapéutico bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, la investigación actualmente dirigida por la Fiscalía Regional de Aysén busca determinar si, detrás de esa estructura jurídica y de la actividad declarada, existía una operación destinada al tráfico ilícito de cannabis y sus derivados.
Por tratarse de una investigación en desarrollo, corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades individuales y la eventual participación de cada una de las personas investigadas.
El procedimiento tuvo una dimensión considerablemente mayor que la registrada en Coyhaique.
De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la jornada, 72 personas fueron detenidas a nivel nacional, mientras que la investigación contemplaba órdenes de detención previamente emitidas contra 38 personas.
Las cifras pueden experimentar ajustes durante el desarrollo de las diligencias y la puesta a disposición de los detenidos ante los tribunales, especialmente considerando que se trató de un procedimiento simultáneo en distintas regiones.
En Coyhaique, los antecedentes difundidos posteriormente dieron cuenta de dos detenidos tras las diligencias efectuadas en el inmueble de calle Prat.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, confirmó que la investigación corresponde a un procedimiento coordinado entre el Ministerio Público y Carabineros, específicamente el OS7.
Según los antecedentes proporcionados, el procedimiento nacional involucró a nueve regiones, más de 500 funcionarios policiales y cerca de 20 fiscales desplegados en terreno.
Los detenidos serán puestos a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal donde se desarrollará la respectiva audiencia de control de detención.
La determinación de las medidas cautelares y la eventual formalización de los imputados dependerá de los antecedentes que el Ministerio Público presente ante el tribunal.
Uno de los elementos relevantes de esta investigación es que no se limita exclusivamente al eventual tráfico de drogas.
La incorporación del lavado de activos supone que los investigadores también buscan establecer el origen, movimiento y eventual destino de recursos obtenidos mediante las actividades que son materia de investigación.
En ese contexto, el análisis de sociedades, cuentas, operaciones comerciales, bienes y otros movimientos financieros puede resultar determinante para establecer si las ganancias provenientes del eventual tráfico fueron incorporadas al circuito económico formal mediante mecanismos destinados a ocultar o disimular su origen.
La investigación también busca determinar el nivel de organización existente detrás de las operaciones y la eventual participación de distintas personas y estructuras vinculadas a los establecimientos intervenidos.
Entre los nombres que han comenzado a aparecer vinculados a la causa se encuentra el rostro televisivo Camilo Huerta, quien, según antecedentes difundidos sobre la investigación, estaría relacionado con uno de los establecimientos vinculados al denominado Dispensario Nacional.
Su situación deberá ser determinada por el Ministerio Público y los tribunales, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.
En consecuencia, la sola vinculación mencionada en el marco de una investigación no constituye una condena ni permite afirmar responsabilidad penal.
La intervención policial generó una importante alteración en el tránsito habitual del centro de la ciudad.
Durante el desarrollo del procedimiento, Carabineros estableció restricciones para vehículos y peatones en el sector de Arturo Prat, mientras decenas de funcionarios permanecían desplegados alrededor del inmueble intervenido.
La escena llamó especialmente la atención por el número de efectivos involucrados y por el nivel de seguridad implementado en una zona de alta circulación durante la jornada.
Mientras el perímetro permanecía cerrado, funcionarios especializados ingresaron al inmueble para desarrollar las diligencias ordenadas judicialmente y recopilar antecedentes considerados de interés para la investigación.
El operativo finalizó después de varias horas y dejó a dos personas detenidas en la capital regional.
El procedimiento realizado en Coyhaique constituye una de las aristas regionales de una investigación de mayor alcance, que busca establecer cómo habría operado una presunta organización dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados utilizando una estructura que, públicamente, se presentaba vinculada al uso medicinal de esta sustancia.
La causa considera no solo la eventual comercialización ilegal de drogas, sino también posibles cultivos destinados al tráfico, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y operaciones destinadas al lavado de activos.
Durante las próximas horas y jornadas se espera que el Ministerio Público entregue nuevos antecedentes respecto de las especies incautadas, las personas detenidas, la estructura investigada y los resultados de las diligencias efectuadas en las distintas regiones.
Por ahora, los detenidos deberán enfrentar el respectivo control de detención ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que comenzará a definirse la situación procesal de quienes fueron aprehendidos en el marco de este amplio operativo nacional.
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